Cámara Municipal de Lagunillas creó comisión por el caso del Instituto Simón Bolívar

 Tras el derecho de palabra de los padres y representantes del Instituto Simón Bolívar, ejercido este martes 15 de agosto, los concejales de la Cámara Municipal de Lagunillas, en el estado Zulia, acordaron la creación de una comisión especial para estudiar este caso y emitir un informe en quince días.

Los concejales revisan detenidamente los documentos consignados por los padres y representantes del Instituto Simón Bolívar.

El Instituto Simón Bolívar, fundado en 1974, posee una matrícula de quinientos (500) estudiantes y fue, recientemente, “clausurado preventiva y temporalmente” por el Cuerpo de Bomberos del Municipio Lagunillas, por considerarse un “inmueble inseguro”, como consecuencia del deterioro de la planta física y un marcado daño en las losetas de concreto del techo, producto de las filtraciones.

La comisión estará presidida por el concejal Dixón Rivera, acompañándole los ediles: Luis Martínez, Yolimar Morales, Javier Africano, Huilis Rivero y Kristal Méndez. Se realizará una inspección presencial en el colegio, se recolectará la información -de ambas partes- para, luego, elaborar un informe bien documentado.

Del grupo de representantes, cuatro personas solicitaron su intervención. Por votación, los concejales aprobaron la toma de palabra de cada uno, en vista de las diversas versiones que tiene este caso.

Darbyck Centeno, padre de una estudiante y representante del Instituto, desde hace quince años, describió cómo el conflicto ha ido escalando con el paso de los años.

“Hay una Asociación Civil que se ha venido reduciendo en el tiempo. Ya tiene cinco años, pero aparte de reducirse (en el número de miembros), quedó conformada por cinco personas, han hecho modificaciones en sus estatutos (de la Asociación Civil) para calzar con lo que están pretendiendo. Ya tienen más de tres años que no rinden cuentas y nosotros somos el cien por ciento de los aportantes del dinero que ingresa al Instituto”, destacó Centeno para hacer referencia al por qué solicitan insistentemente la rendición de cuentas.

Los representantes atentos a la espera que les indicaran tomar la palabra.

 

“En el dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021), ellos habían dicho que habían impermeabilizado el treinta (30) por ciento de la institución. Cuando nosotros hicimos la presión para verificar eso, fue que empezaron. Después en el dos mil veintiuno (2021) y dos mil veintidós (2022), ellos dicen que tenemos que dar un aporte adicional, de cinco dólares, para impermeabilizar el otro setenta (70) por ciento. Ese setenta tampoco lo podíamos verificar nosotros”, refirió el representante.

En su opinión, “no había necesidad de llegar a estos extremos. Simplemente se pidió la rendición de cuentas ¿ Dónde está el dinero que aportamos para el bienestar de nuestros hijos ?”, pregunta Centeno para reflejar la interrogante que los padres se hacen continuamente.

Por los derechos de los estudiantes

La segunda en intervenir, durante la toma de palabra, fue Jen Ulacio, también representante y quien fuera vicepresidenta de la institución hasta su “expulsión en un acto viciado de total nulidad, donde no solo me expulsan sino que suprimen el cargo de vicepresidencia, por considerarlo no necesario en una Asociación Civil, cosa que es demasiado grave”.

Para Ulacio su expulsión ocurrió después de hacer una denuncia pública entorno a la no entrega del informe de auditoría.

“No es posible, creo que no es legal y creo que muchísimo menos es Constitucional que un grupo de tres personas, que conforman la Junta Directiva pasen por encima de un colectivo y sobre todo pasen por el necesario derecho de salvaguardar la vida de niños, niñas y adolescentes. El derecho no solamente a la vida y, sí se ha puesto en riesgo la vida y, con total responsabilidad, lo digo de los niños durante muchísimo tiempo. Esto no es un problema de siete meses, es un problema que lleva años y los correctivos nunca se hicieron”, considera Ulacio.

La representante, en su intervención solicitó a los concejales “que se protejan los derechos de nuestros hijos a la prosecución escolar y a desarrollarse en un ambiente sano”, recalcó Ulacio.

Ricardo Meléndez, el tercer vocero de los padres en hablar, rememoró la larga espera de tres años para “entrar” a la institución “y está Junta Directiva no lo permitía. En varias ocasiones nos envió a los agentes de Impol (Polilagunillas) para retirarnos del área. Fuimos denunciados en la Fiscalía 47 por acoso y ahora tenemos un caso”, expresó el progenitor.

 

El concejal Dixón Rivera, presidirá la comisión especial para revisar el caso del Instituto Simón Bolívar, le acompañará en esa labor la concejala Yolimar Morales (en el centro).

 

 

La obtención del informe técnico emitido por el Cuerpo de  Bomberos de Lagunillas no llegó fácilmente a los padres. Después de una solicitud por escrito, el 4 de agosto, lograron recibir el documento el 7 de agosto, según la narración que hizo Meléndez ante los concejales.

“Pueden observar en la Resolución, en el artículo uno (del informe) que el instituto queda clausurado preventiva y temporalmente y se declara inmueble inseguro. Además de ello, se le revoca el permiso que le fue concedido el nueve de febrero de dos mil veintitrés, con fecha de vencimiento del nueve de agosto de dos mil veintitrés. Señores concejales, vean esas fotos que están allí y ustedes mismos podrán comprobar si en seis meses, esas instalaciones se deterioraron de esa manera”, indicó Meléndez sobre la documentación que fue entregada con copia para cada concejal presente en el salón de sesiones.

“Durante tres años nuestros hijos estuvieron expuestos a esos peligros: contaminación, moho, riesgos de estructura, riesgos de electrocución, por la caída de agua, paneles de control de electricidad que no están protegidos, la insalubridad”, resumió Meléndez sobre las situaciones que se recogen en el informe bomberil, que derivaron en la orden de clausura temporal hasta que se subsanen los daños de una manera adecuada y con empresas calificadas para hacer los trabajos.

Cerrando el ciclo de intervenciones estuvo Nataly Díaz, también representante, quien planteó el difícil transitar del recién concluido año escolar para la comunidad educativa.

“Esta Junta Directiva durante cinco años, y tenemos las pruebas de ello, usurpó las funciones y facultades del director del plantel. Asumió un control absolutista, adoctrinando a los profesores para que asumieran una actitud tipo régimen militar. Se volvió un ambiente tóxico, que afectó la vida escolar, se volvieron exageradamente estrictos y esto lo absorbieron nuestros niños y jóvenes. Atropellando el derecho a los niños a la convivencia escolar, afectando el desarrollo psicosocial de nuestros hijos, todo con el propósito de mantener oculto la actual decadencia de la infraestructura”, aseguró Díaz.

El concejal Dixón Rivera, presidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Recreación, expresó que la toma de palabras, permite a la Cámara Municipal enterarse del caso, “porque no participamos en los hechos hasta tanto se nos solicite”.

Sobre los pasos que siguen, a sabiendas que en esa sesión, se creó una comisión especial que Rivera presidirá para ahondar en este caso, el concejal y Jefe de la Fracción Psuv, indicó: “Escuchamos, hacemos la revisión documental, la revisión legal  de cuáles son los soportes, tanto desde la perspectiva jurídica, porque hay elementos jurídicos allí. Luego la competencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación, porque ante todo debemos garantizar, como Estado, que los niños y los jóvenes no vayan a tener en peligro, por ninguna causa, su año escolar”.

 

****Ellos dicen***

 

Darbyck Centeno, padre de una estudiante del Instituto.

“Si usted tiene las cuentas claras, las presenta. Allí no hay ningún problema, pero estamos dispuestos a cohabitar y llegar a una conciliación, a trabajar en función de recuperar los espacios para que sean algo para las nuevas generaciones, para los niños, para que salgan profesionales: arquitectos, ingenieros, deportistas, músicos que en otrora han salido de la institución”, señala Darbyck Centeno, padre de una estudiante del Instituto.

 

 

Jen Ulacio, la segunda representante en tomar la palabra.

 

“Los padres y representantes, como dijo el señor Centeno, son los aportantes del cien por ciento de lo que la Junta Directiva administra. Esto es un punto muy importante, porque aquel que administra dinero ajeno, está obligado a rendir cuentas. Se hizo un intento de conciliación. Una Asamblea que duró once horas donde teníamos acompañamiento ministerial, pero no presentaron la auditoría”, recordó Jen Ulacio sobre los intentos de llegar a una mediación.

 

Ricardo Meléndez, representante, detalló los aspectos que arrojó el informe del Cuerpo de Bomberos de Lagunillas.

 

 

“Realmente no se entiende cómo un permiso que se dio en febrero (por el Cuerpo de Bomberos), con fecha de vencimiento del mes de agosto, hoy en día muestra esas instalaciones tan corroídas, tan destruidas. Aparte de eso la Junta Directiva solicitó pagos extraordinarios. Nosotros aportamos al colegio en el año dos mil veintidós y dos mil veintitrés, aproximadamente, doscientos cuarenta mil dólares por matrícula escolar ¿Dónde está ese dinero que le entregamos a la Junta Directiva para hacer uso y mantenimiento de las instalaciones, para proteger a los niños?”, se preguntó Ricardo Meléndez, al exponer su punto de vista a los ediles.

 

Nataly Díaz, representante, describió que se ha querido "tapar"  la "mala administración".

 

 

“El pago de matrícula es para cubrir los servicios de calidad tanto de la calidad educativa con pagos de salarios a los docenes. La situación es tal que a la fecha no han pagado a sus trabajadores, las vacaciones, el mes de agosto. Están jugando con el pan que llevan a sus hijos, por el capricho de querer o tratar de tapar el desastre de una mala administración, arreglando los techos a estas alturas”, afirma Nataly Díaz, representante, sobre el movimiento de personal y de materiales que ha visto mientras están en las afueras del colegio.

 

En el registro gráfico del 29 de junio, se puede apreciar aspectos de los riesgos de la estructura del colegio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Yennys Rojas / Fotos: Luis Martínez